Terminada la temporada de la cosecha gruesa, existe la impresión de que no habrá más grandes noticias de origen económico hasta 2020. La economía y la sociedad han entrado en “modo electoral” y algunas incertidumbres recién empezarán a despejarse cuando se conozca el gabinete del nuevo Presidente.

Si la dupla Fernández-Fernández se impone es más que descontado un cambio total en todas las líneas y, probablemente, también en su organigrama. Si el ganador fuera el binomio Macri-Pichetto, no se prevén grandes cambios, aunque no es del todo claro si se mantendrá invariable la organización ministerial actual y, en particular, la del área económica.

El futuro Presidente electo recibirá el próximo 10 de diciembre recibirá una economía en un proceso de ajuste fiscal recesivo, con inflación probablemente a la baja, pero aún elevada y una alta incertidumbre respecto de si el próximo Gobierno logrará controlar diversas fuentes de riesgo por varios frentes: sector externo, mercado de deuda, sistema bancario y conflictos distributivos internos, por citar sólo algunos.

Luego de poco más de una década de estanflación, con regímenes diferentes de política, la próxima década se vislumbra como la de un eventual cambio de políticas y de sus formas de implementación. El conflicto por las retenciones móviles y la nacionalización de los fondos de pensión marcaron un cambio de época que no fue para mejor. Tras el populismo rentista se pasó al populismo burocrático y autoritario de 20112015, y luego a una liberalización incompleta de mercados que se vio perturbada por la crisis de balanza de pagos de 2018.

Mirando hacia el futuro, los déficits para abordar la salida del pantano en que se encuentra nuestra economía son básicamente dos.

Por un lado, la falta de un genuino programa de estabilización y crecimiento percibido como factible, creíble y sostenible. Por el otro, la falta de un ministro de Economía a cargo del diseño y ejecución de políticas económicas, y de la organización y conducción del equipo a cargo de esas políticas. La experiencia de los últimos tres años y medio ha mostrado que la decisión de mantener desmembrado al exMinisterio de Economía fue una decisión muy desacertada. Algo que ha quedado más que en evidencia en la reciente crisis cambiaria y en la accidentada secuencia de políticas bajo el programa de ajuste financiado por el FMI.

En realidad, el control de las políticas económicas no se perdería al desintegrar el Ministerio de Economía como tal. Si se lo sustituyera por un equipo profesional, que retenga el control de las políticas y funciones administrativas fundamentales para implementar el cambio sería inocuo. Vale, como ejemplo, el de Estados Unidos con el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Pero otra cosa es la sustitución de un Ministro de Hacienda y Finanzas por la división de dicha cartera en Hacienda y Finanzas a fin de 2016, y concentración de las decisiones económicas en una “troika” de dos ex CEO del sector privado y un Jefe de Gabinete que no es economista.

El resultado fue el previsible: fallas de coordinación entre las políticas monetaria, cambiaria, fiscal, tarifaria, salarial, comercial y de financiamiento externo. Algo que no fue remediado con la reabsorción de Finanzas como Secretaría del Ministerio de Hacienda, ni por la reforma ministerial del último trimestre de 2018. La inflación no bajó, la pobreza aumentó y la economía no ha retornado a un sendero sostenible de crecimiento con estabilidad, solvencia fiscal y alta credibilidad en las políticas en curso y en sus responsables.

Si bien el ministro de Hacienda ha sostenido reiteradamente que los ministros son “secretarios” del Presidente, la realidad (y la Historia) de Argentina y de otros países sugieren (de mínima) lo contrario. Un ministro, o un equipo de asesores con real capacidad de decisión como un genuino ministro, tiene responsabilidades políticas y jurídicas respecto de sus actos y de sus resultados. Algo que está además intrínsecamente asociado al tipo de interacciones diarias con diversas contrapartes: empleados y funcionarios a cargo, sindicatos, ministros y secretarios del resto del Gobierno, gobernadores provinciales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes, lobbies de empresas locales y del exterior, medios de comunicación, políticos opositores, consultores del sector privado, etcétera.

Una complejidad para la toma de decisiones que se torna más difícil de administrar cuanto más se dividen los ministerios, y cuanto mayor es el número de organismos y agentes a cargo, sean estos de planta permanente o contratados por tiempo limitado. Obviamente, un responsable de una cartera ministerial es mucho más que un mero “secretario” como lo ha sostenido el actual ministro de Hacienda en reiteradas oportunidades. Un ministro, cualquiera sea la variedad y alcance de sus funciones es cualquier cosa menos un simple “asistente” decorativo.

El desafío es el mismo de diciembre de 2015: encarrilar al país en un sendero de estabilidad y crecimiento. Y esto requerirá que los candidatos definan con claridad si en cada caso están dispuestos a mantener el actual esquema de elaborar y ejecutar políticas económicas sin un ministro de Economía (o con otro nombre), o si optarán por mantener sin cambios el esquema actual. Algo que el sector privado observará con suma atención, ya que será un factor determinante de la credibilidad (o no) en las políticas y en los funcionarios de la próxima administración.

 
 
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