Através de la Resolución 400, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires proyecta resolver un problema de larga data para los desarrollos inmobiliarios cerrados que no podían escriturar y que se encuentran en una situación irregular. Con esta adecuación de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados a través de un sistema full Internet se espera involucrar a unos 200 desarrollos dentro de un universo mayor a los 700 casos.

La resolución fue el resultado de un trabajo serio y responsable de las áreas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible donde la mayoría de los actores del sector pudieron participar, resaltando que se animaron a encarar un problema preexistente en el que reinaba gran confusión e incertidumbre. La burocracia y la falta de políticas claras e integrales generaban diferentes realidades acordes a los municipios, con avances parciales en las aprobaciones afectando directamente a los usuarios compradores, pues no pueden acceder a perfeccionar su derecho real sobre lo invertido. Por otra parte, no pueden afectar estos activos para lograr financiamiento, situación que también afecta a los desarrolladores por el mayor riesgo a la hora de invertir. Así, se enfrían las inversiones y se posterga la recuperación del consumo y el empleo.

Pero si bien la norma es una solución concreta, también es perfectible y sobre esa base conviene discutir algunos puntos de vista que merecen mayor análisis y otros como el rol de ARBA, que son imprescindibles para el éxito de la iniciativa, ya que con reglas claras y transparentes y con códigos urbanísticos en los municipios, podremos lograr la reactivación del sector con un desarrollo ordenado.

Hay dos temas de gestión que son clave asumiendo que el primer deber es del desarrollador en gestionar toda la documentación requerida: uno es asegurar una tarea eficiente de los organismos involucrados y otro es lograr la alineación y operatividad de las municipalidades con la resolución, dada la política definida.

A esto se debe agregar la responsabilidad vital de ARBA, para facilitar la operatoria con una política que agilice, evite costos desmesurados e injustas responsabilidades que lo único que logran son desincentivos a la inversión. Al efecto, la sin razón del impuesto complementario es una muestra cabal de esto así como la titularidad del fiduciario por impuestos que gravan al fideicomiso. Para esto es clave que el organismo participe colaborando en el diseño de las soluciones y no que tenga solamente un ánimo recaudatorio.

Si hablamos de una política exitosa de regularización, también hay que evaluar la traba que produce la desmedida onerosidad de los procesos en tiempos de crisis, tal el caso de los costos de actualizaciones y relevamientos, que si bien pueden beneficiar a sectores profesionales como los escribanos y agrimensores e indirectamente al final al Fisco, generan un mayor costo que en muchos casos impide cumplimentar el objetivo de “escriturar”.

Ahora bien, aun con los pendientes, la iniciativa es muy promisoria pero deja una incógnita clave en términos de negocio, que es quien finalmente será el responsable de pagar el mayor costo para regularizar, dado que los proyectos tienen años en este estatus y su indefinición puede generar una nueva frustración, al no ponerse de acuerdo desarrolladores y compradores – beneficiarios.

Sin duda, resueltos estos temas, estamos ante la posibilidad de un salto cualitativo que redunda en beneficios para todos los participantes, ya que se afianza la seguridad jurídica y se potencializa el crédito hipotecario, la construcción y las inversiones. Por eso es fundamental las soluciones impositivas de ARBA.

Finalmente, no debemos olvidar que acciones de este tipo posibilitan que el ahorro local se mantenga en las provincias sin irse a la especulación financiera, lo que priva a las economías reales del usufructo directo de tales recursos. Así se da inicio a un círculo virtuoso en el que las inversiones, con la participación de los beneficiarios, van desde el desarrollo particular a la infraestructura de los municipios y provincias, para luego alcanzar los grandes proyectos de inversión, necesarios para el desarrollo integral de nuestro país.

(*) Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA

 
 
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